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Reclamaciones, Contratación y Defensa del Consumidor

Inicio Reclamaciones, Contratación y Defensa del Consumidor Las reclamaciones frente a entidades financieras y grandes compañías se pierden, habitualmente, por dos motivos: porque nadie examinó el contrato con el detenimiento que merecía, o porque se interpusieron fuera de plazo. Antes de reclamar revisamos la escritura, el contrato de tarjeta o la póliza, y cuantificamos qué importe resulta efectivamente recuperable. Si de ese análisis se desprende que la reclamación carece de recorrido, lo advertiremos en la primera consulta. Preferimos decirlo entonces a iniciar un procedimiento que consumirá tiempo y recursos del cliente sin resultado apreciable. Servicios destacados Gastos de constitución de hipoteca: notaría, registro, gestoría y tasación. IRPH y cláusulas de tipo de interés cuestionables. Tarjetas revolving y créditos al consumo con intereses desproporcionados. Cláusula suelo, comisiones de apertura y de reclamación de posiciones deudoras. Hipotecas multidivisa y productos financieros complejos mal explicados. Reclamación de impagados: monitorio, ejecución y procedimiento ordinario. Incumplimientos contractuales entre empresas o con particulares. Consumo: vehículos, obras, suministros, viajes y servicios mal prestados. Solicitar consulta Expedientes individuales, no reclamaciones en serie En esta materia operan plataformas que captan centenares de reclamaciones al mes y las presentan con un escrito común, ajustando el nombre del reclamante y poco más. El planteamiento tiene sentido económico para quien lo explota, pero traslada al cliente un riesgo que no siempre se le explica: el argumento que prospera frente a una hipoteca otorgada en 2007 no necesariamente prospera frente a otra de 2015, ni lo que resulta eficaz ante una entidad lo es ante otra. Nosotros asumimos menos asuntos y examinamos cada contrato por separado. La contrapartida para el cliente es que su expediente lo dirige un abogado que lo conoce y con el que trata directamente, sin número de referencia ni gestor intermedio. Materias que reclamamos con mayor frecuencia Gastos de constitución de la hipoteca Durante años, los gastos de notaría, registro, gestoría y tasación se repercutieron íntegramente al prestatario mediante cláusulas que los tribunales vienen declarando abusivas. El importe recuperable depende de la distribución que corresponda a cada concepto y de la fecha de otorgamiento de la escritura. El punto verdaderamente delicado es la determinación del dies a quo del plazo de prescripción, cuestión sobre la que se han dictado pronunciamientos relevantes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Conviene, por ello, someter el caso a revisión antes de darlo por perdido, aun cuando se le haya informado de que ya no está en plazo. IRPH Los préstamos referenciados al IRPH han generado una litigiosidad intensa y una doctrina en evolución, centrada en si la entidad explicó de forma comprensible el modo de cálculo del índice y sus implicaciones frente al euríbor. Es un asunto que se resuelve sobre la documentación precontractual concreta de cada préstamo, no sobre consideraciones generales. Tarjetas revolving El sistema de amortización de estas tarjetas provoca que el capital pendiente apenas disminuya pese a los pagos realizados. Cabe combatirlas por dos vías: la usura, cuando el interés resulta notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado a las circunstancias del caso, o la falta de transparencia en la contratación. La primera determina la nulidad del contrato, con la consiguiente obligación de restituir únicamente el capital efectivamente dispuesto. Conviene recabar de la entidad el histórico completo de movimientos antes de decidir. Reclamación de impagados Para empresas y profesionales cuyas facturas no son atendidas. Iniciamos con requerimiento fehaciente, que en un porcentaje apreciable de casos desbloquea el cobro sin procedimiento, y de no obtener respuesta acudimos al proceso monitorio o al declarativo que corresponda según la cuantía y la prueba disponible. Desarrollo de una reclamación El primer paso consiste en reunir la documentación: escritura, contrato, recibos y comunicaciones cruzadas con la entidad. Sobre esa base cuantificamos lo reclamable y emitimos presupuesto cerrado. Sigue la reclamación extrajudicial, que en determinadas materias constituye requisito previo y en todas permite medir la disposición de la contraparte. Un número considerable de asuntos concluye en esta fase mediante acuerdo. Cuando no se alcanza una propuesta razonable, se interpone la demanda. Preguntas frecuentes ¿Qué importe puedo recuperar? Depende del contrato, de las cantidades efectivamente satisfechas y de los intereses aplicables. Se cuantifica con los documentos a la vista, nunca antes. Desconfíe de quien avance una cifra por teléfono sin haber examinado su escritura. La entidad sostiene que la acción ha prescrito Que lo afirme la entidad no lo convierte en cierto. El cómputo del plazo en esta clase de reclamaciones ha sido objeto de resoluciones europeas que han modificado el criterio anteriormente aplicado. Merece la pena someterlo a revisión antes de renunciar. ¿Debo acudir personalmente al juzgado? En la mayoría de los casos no. Si el asunto llega a vista, le representa el procurador y le defiende su abogado; su presencia solo resulta necesaria si el juzgado acuerda su interrogatorio. ¿Puedo reclamar si ya cancelé la hipoteca o la tarjeta? Sí. Haber concluido el pago no impide reclamar lo indebidamente percibido, si bien el plazo aplicable es precisamente el extremo que debe analizarse con detenimiento en cada supuesto. ¿Qué documentación debo aportar a la primera consulta? Para préstamo hipotecario, la escritura y las facturas de gastos si las conserva. Para tarjetas, el contrato y los extractos. Para impagados, facturas, albaranes y cualquier comunicación en la que la contraparte reconozca la deuda. Si carece de alguno de estos documentos, podemos requerirlos a la entidad. ¿Qué coste tiene? Facilitamos presupuesto cerrado en la primera consulta, una vez examinada la documentación. Detallamos asimismo los costes de procurador y de procedimiento que puedan añadirse, así como el régimen de una eventual condena en costas. Concertar una consulta Estudiamos el asunto con la documentación a la vista y le trasladamos las alternativas disponibles, los plazos que maneja y el coste de cada vía antes de que adopte ninguna decisión. Si del análisis resulta que el procedimiento no le conviene, se lo diremos con la misma claridad. Atendemos en nuestras oficinas de Madrid, en el Paseo de la Castellana 153, y de Daimiel (Ciudad Real), en la calle

Derecho Civil y Patrimonial

Inicio Derecho Civil y Patrimonial Un arrendatario que ha dejado de abonar la renta, una vivienda heredada entre varios hermanos que no alcanzan acuerdo, una obra recibida con defectos que nadie asume. Los conflictos civiles de esta naturaleza tienen una característica común: entrelazan intereses económicos con relaciones personales, y por ello tienden a enquistarse durante años. Nuestro trabajo comienza por separar ambos planos. De un lado, qué establecen el contrato y la ley; de otro, qué salida resulta materialmente conveniente. En ocasiones procede interponer la demanda sin dilación; en otras, negociar mientras se prepara. Esa decisión se adopta con criterio, no por inercia. Servicios destacados Desahucio por impago de renta, con reclamación de las rentas debidas en el mismo procedimiento. Desahucio por expiración del plazo y por precario. Ocupación ilegal de viviendas y recuperación de la posesión. Redacción y revisión de contratos de arrendamiento, urbanos y rústicos. División de la cosa común y extinción de condominio entre copropietarios. Defectos constructivos y reclamaciones frente a promotora o constructora. Incumplimientos contractuales, arras, compraventas y responsabilidad civil. Comunidades de propietarios: impugnación de acuerdos y reclamación de cuotas. Solicitar consulta Cada procedimiento tiene su propia arquitectura Un desahucio por falta de pago y otro por expiración del plazo comparten el nombre y poco más: difieren el cauce procesal, los plazos y los hechos que deben acreditarse. Otro tanto sucede entre una extinción de condominio entre hermanos avenidos y aquella en la que uno de ellos viene ocupando el inmueble desde hace años. Por ese motivo no trabajamos con formularios. Antes de presentar escrito alguno examinamos el contrato, revisamos los justificantes de pago y exponemos al cliente cuál es el escenario realista, incluido el tiempo que previsiblemente habrá de transcurrir. El asunto lo dirige un abogado que lo conoce desde su inicio hasta su conclusión. Arrendamientos urbanos Impago de la renta El cauce es el juicio de desahucio por falta de pago, que permite acumular en la misma demanda la reclamación de las rentas devengadas y no satisfechas. La reacción temprana resulta determinante: cada mensualidad que transcurre es una cantidad adicional de cobro más incierto, pues el problema no suele residir en la voluntad del arrendatario, sino en su capacidad económica. Con carácter previo a la demanda remitimos un requerimiento fehaciente de pago. Produce dos efectos de interés: en ocasiones resuelve el impago sin necesidad de procedimiento y, cuando no lo resuelve, impide que el arrendatario enerve la acción abonando lo debido en el último momento, facultad que de otro modo podría ejercitar. Duración real del procedimiento El factor determinante es el juzgado competente, que es precisamente el que menos puede controlarse. En la mayoría de los partidos judiciales median varios meses entre la presentación de la demanda y el lanzamiento efectivo; en los órganos con mayor carga de trabajo el plazo se dilata de forma apreciable. Facilitamos una estimación ajustada al juzgado que corresponda, sin ofrecer plazos que no dependen de la dirección letrada. Debe tenerse presente, además, que cuando el demandado acredita una situación de vulnerabilidad pueden acordarse suspensiones del lanzamiento. Se trata de un régimen que ha sido objeto de sucesivas reformas, por lo que se analiza al plantear el asunto. Actuaciones que deben evitarse Cambiar la cerradura, interrumpir el suministro de agua o electricidad y retirar los enseres del arrendatario constituyen conductas que, además de no resolver nada, pueden situar al propietario en la posición de denunciado por coacciones y comprometer un desahucio que tenía ganado. La recuperación de la posesión se obtiene por vía judicial. Copropiedad y división de la cosa común La copropiedad no consentida constituye una fuente permanente de conflicto: ningún comunero puede enajenar por sí solo, es frecuente que uno de ellos use el inmueble en mayor medida que los demás y los gastos se distribuyen de forma desigual. El ordenamiento no obliga a permanecer en la indivisión, y la acción de división de la cosa común permite salir de ella, bien mediante adjudicación a uno de los comuneros con compensación a los restantes, bien mediante venta. La práctica demuestra que el solo hecho de plantear formalmente la división desbloquea numerosos acuerdos que llevaban años estancados. Preguntas frecuentes ¿Puedo reclamar las rentas atrasadas además de recuperar el inmueble? Sí, ambas pretensiones se acumulan en la misma demanda. Cuestión distinta es el cobro efectivo, que dependerá de la solvencia del arrendatario; por ello conviene valorar desde el inicio la existencia de bienes o ingresos sobre los que dirigir la ejecución. El arrendatario se ha marchado dejando deudas de suministros Los suministros contratados a su nombre constituyen deuda propia frente a la compañía suministradora. Si permanecieron a nombre del propietario, procede reclamárselos junto con las rentas y el importe de los desperfectos, previa aplicación de la fianza. ¿Hasta dónde cubre la fianza? Responde de los desperfectos y, según lo pactado, de los impagos, pero rara vez alcanza para cubrir varias mensualidades. Constituye una garantía más limitada de lo que suele suponerse, lo que refuerza la conveniencia de reaccionar ante el primer incumplimiento. Comparto una vivienda con mis hermanos y no alcanzamos acuerdo Puede instar la división de la cosa común sin necesidad de que los demás copropietarios presten su conformidad. Antes de acudir al juzgado examinamos si cabe un acuerdo de adjudicación, que resulta sensiblemente menos gravoso para todos. ¿Qué coste tiene y cuánto se prolonga? Facilitamos presupuesto cerrado en la primera consulta, con detalle de los costes de procurador. En cuanto a la duración, ofrecemos una horquilla ajustada al juzgado competente. Concertar una consulta Estudiamos el asunto con la documentación a la vista y le trasladamos las alternativas disponibles, los plazos que maneja y el coste de cada vía antes de que adopte ninguna decisión. Si del análisis resulta que el procedimiento no le conviene, se lo diremos con la misma claridad. Atendemos en nuestras oficinas de Madrid, en el Paseo de la Castellana 153, y de Daimiel (Ciudad Real), en la calle Progreso 7, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, siempre previa cita

Concurso de Acreedores, Reestructuración y Ley de Segunda Oportunidad

Inicio Concurso de Acreedores, Reestructuración y Ley de Segunda Oportunidad La insolvencia rara vez se presenta de forma súbita. Cuando una sociedad deja de atender sus pagos con regularidad, el administrador dispone de un plazo de dos meses desde que conoce o debiera haber conocido esa situación para solicitar el concurso. Transcurrido ese plazo sin hacerlo, la ley presume que el concurso es culpable, con las consecuencias personales que ello acarrea. La experiencia enseña que el margen de maniobra se estrecha con rapidez. Los asuntos que llegan en fase temprana admiten soluciones que ya no están disponibles seis meses después, cuando los embargos han comenzado y la tesorería se ha agotado. Por esa razón insistimos en que la primera consulta se produzca cuanto antes, aunque todavía no se haya tomado ninguna decisión. Servicios destacados Preconcurso. Comunicación al juzgado de la apertura de negociaciones, que paraliza las ejecuciones mientras se negocia con los acreedores. Planes de reestructuración para empresas viables con una carga de deuda que no pueden sostener. Concurso voluntario de sociedades, con propuesta de convenio cuando la actividad puede continuar. Liquidación ordenada cuando el negocio ya no es sostenible, cuidando la posición del administrador. Defensa del administrador en la sección de calificación, frente a la petición de concurso culpable. Negociación con bancos y refinanciación de deuda antes de que el concurso sea inevitable. Ley de Segunda Oportunidad para particulares y autónomos, con exoneración del pasivo insatisfecho. Solicitar consulta Criterio antes que tramitación El derecho concursal se ha convertido, en buena medida, en un mercado de volumen. Existen plataformas que captan cientos de expedientes al mes y los tramitan con un escrito común, ajustando poco más que el nombre del deudor y la relación de acreedores. Ese modelo funciona mientras el expediente sea sencillo; cuando aparece una derivación de responsabilidad, un aval personal o una vivienda hipotecada, deja de funcionar. Nuestro planteamiento es el contrario. Cada expediente se estudia de manera individual, se decide la vía tras examinar la documentación completa y se asume bajo la dirección de un abogado con el que el cliente trata directamente durante todo el procedimiento. Llevamos menos asuntos de los que podríamos, y es una decisión deliberada. Cuándo nace la obligación de solicitar el concurso Conviene distinguir dos conceptos que con frecuencia se confunden. Una empresa puede arrojar pérdidas contables y ser perfectamente solvente; y puede presentar un balance saneado y encontrarse en insolvencia. Lo determinante no es el resultado del ejercicio, sino la imposibilidad de cumplir regularmente las obligaciones exigibles. Desde que el administrador conoce esa situación —o desde que, con una diligencia ordinaria, debiera haberla conocido— dispone de dos meses para solicitar la declaración de concurso. El incumplimiento de ese deber abre la puerta a que el concurso se califique como culpable, lo que puede llevar aparejada la inhabilitación del administrador, la pérdida de los derechos que ostentara como acreedor y la condena a cubrir con su patrimonio personal el déficit concursal que reste sin satisfacer. Buena parte de las calificaciones culpables que se declaran en España no responden a conductas fraudulentas, sino a la demora en reconocer una situación que ya era irreversible. El preconcurso como instrumento de negociación Antes de llegar al concurso existe una herramienta infrautilizada: la comunicación al juzgado de la apertura de negociaciones con los acreedores. Presentada esa comunicación, quedan en suspenso las ejecuciones sobre los bienes necesarios para la continuidad de la actividad, se interrumpe el deber de solicitar el concurso y se abre un plazo de tres meses, prorrogable en determinados supuestos, para alcanzar un acuerdo. Es el instrumento idóneo para la empresa que conserva actividad y cartera de clientes pero ha agotado la tesorería. Permite sentarse con las entidades financieras y con los principales proveedores desde una posición sustancialmente distinta a la de quien negocia con los bienes ya trabados. Reestructuración y continuidad de la actividad Cuando el negocio subyacente es viable y el problema reside en la estructura de la deuda, la vía natural es el plan de reestructuración, que permite reordenar el pasivo e imponerlo, cumplidos los requisitos legales, incluso a acreedores disidentes. La alternativa clásica sigue siendo el convenio dentro del concurso, con quitas y esperas, mientras la sociedad continúa operando. Cuando la actividad ya no resulta sostenible, la liquidación ordenada y bien documentada protege la posición del administrador mucho mejor que la desaparición de hecho de la sociedad, que es el camino más corto hacia una calificación culpable. Ley de Segunda Oportunidad para particulares y autónomos El procedimiento de exoneración del pasivo insatisfecho responde a una finalidad distinta: no se trata de conservar una actividad, sino de liberar de la deuda al deudor de buena fe que no puede hacerle frente. Cumplidos los requisitos legales, el juzgado acuerda la exoneración, que puede obtenerse con sujeción a un plan de pagos —conservando determinados bienes, entre ellos con frecuencia la vivienda— o mediante la liquidación del patrimonio. Dos cuestiones deben resolverse antes de iniciar el expediente. La primera es el tratamiento del crédito público: la deuda cuya gestión recaudatoria corresponde a la Agencia Tributaria se exonera hasta un máximo de diez mil euros por deudor, íntegramente en los primeros cinco mil y al cincuenta por ciento en el tramo restante, con idéntico régimen e importe para la Seguridad Social. La segunda afecta a quien tiene préstamo con garantía hipotecaria, pues de la elección entre plan de pagos y liquidación depende la suerte de la vivienda. Ambos extremos se calculan caso por caso antes de presentar nada. Preguntas frecuentes ¿Presentar el concurso significa que la empresa cierra? No necesariamente. El concurso admite terminar en convenio, esto es, en un acuerdo con los acreedores que permite seguir operando con quitas y esperas. La liquidación es una de las salidas posibles, no la única. Qué vía procede depende de si la actividad genera margen una vez liberada de la carga financiera acumulada. ¿Responde el administrador con su patrimonio personal? Como regla general no, puesto que la sociedad responde con el suyo. La situación cambia

Igualas Jurídicas y Asesoramiento Continuado

Inicio Igualas Jurídicas y Asesoramiento Continuado La mayoría de las empresas no necesitan un abogado a diario, pero sí necesitan uno disponible cuando surge la cuestión: un contrato que hay que revisar antes de firmarlo el jueves, un cliente que no paga, un trabajador que impugna su cese, una junta que hay que convocar en plazo. La iguala jurídica responde a esa necesidad mediante una cuota mensual cerrada. El cliente sabe lo que abona antes de empezar y consulta sin que cada llamada genere una minuta, lo que en la práctica produce un efecto saludable: los problemas se plantean cuando todavía son pequeños. Incluye: Secretaría de sociedades, asistencia a juntas y redacción de certificaciones. Due Diligence legal, laboral, y fiscal, así como asesoramiento en compraventa de Sociedades. Consultas ilimitadas (presenciales, telefónicas o por correo electrónico). Redacción y revisión de contratos habituales (proveedores, clientes, laborales). Informes legales y dictámenes internos. Gestión de reclamaciones extrajudiciales y mediación. Asistencia en negociaciones y trámites simples. Acceso preferente en casos urgentes o especializados. Descuentos o tarifas especiales para actuaciones judiciales que superen el alcance base. Cada iguala se adapta al tamaño, necesidades y complejidad jurídica del cliente.En Moreno Corporate Legal no “cobramos por hora”: ofrecemos tranquilidad jurídica continuada. Nos caracterizamos por la excelencia técnica, la atención personalizada y un modelo de relación transparente y preventivo, acorde a los estándares de los despachos de referencia en derecho empresarial. Solicitar consulta Qué comprende la iguala El alcance se define por escrito al inicio de la relación, de modo que ninguna de las partes tenga dudas sobre qué está incluido. Con carácter general comprende la atención de las consultas ordinarias del negocio, la revisión y redacción de los contratos habituales, la llevanza corporativa de la sociedad y el seguimiento de los plazos legales que le afectan. Los asuntos que exceden de esa actividad ordinaria —un procedimiento judicial, una operación societaria de entidad, un concurso— se presupuestan de forma independiente y con condiciones preferentes para el cliente en iguala. Nunca se facturan sin su conformidad previa. A quién le resulta útil A la empresa que factura lo suficiente para generar incidencias jurídicas con regularidad, pero no tanto como para justificar un departamento propio. También al autónomo con volumen de contratación, al administrador que asume responsabilidad personal por sus decisiones y a la sociedad familiar en la que conviven relaciones societarias y personales. No le resulta útil a quien únicamente necesita resolver una cuestión puntual: para eso está la consulta ordinaria, y así se lo diremos. Por qué el asesoramiento continuado sale más barato La intervención preventiva es, sin excepción, menos costosa que la reparadora. Revisar un contrato de distribución antes de firmarlo ocupa una hora; discutir su resolución ante los tribunales ocupa dos años. Incorporar a los estatutos la previsión de reparto desigual de dividendos es una modificación estatutaria; no hacerlo puede convertir ese reparto en una donación a efectos fiscales. La iguala traslada el esfuerzo del despacho a la fase en que resulta más rentable para el cliente, que es precisamente aquella en la que todavía no hay conflicto. Preguntas frecuentes ¿Existe permanencia? La duración y el preaviso se pactan expresamente al inicio. Nuestra preferencia es que la relación se sostenga por su utilidad, no por una cláusula de permanencia. ¿Qué ocurre si un mes no consulto nada? La cuota retribuye la disponibilidad y el seguimiento continuado, no el número de llamadas. En la práctica, los meses tranquilos compensan aquellos en los que se concentran varias incidencias. ¿Incluye los procedimientos judiciales? No con carácter general, porque su coste es muy variable y encarecería la cuota para quien no los tiene. Se presupuestan aparte, con condiciones preferentes. ¿Puede atenderse una empresa situada fuera de Madrid o Ciudad Real? Sí. Trabajamos con clientes de toda España; las reuniones presenciales se concentran en las cuestiones que realmente las requieren. Concertar una consulta Analizamos la actividad de su empresa, el volumen de asuntos que genera y su estructura, y le proponemos un alcance y una cuota ajustados a esa realidad, sin compromiso. Atendemos en nuestras oficinas de Madrid, en el Paseo de la Castellana 153, y de Daimiel (Ciudad Real), en la calle Progreso 7, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, siempre previa cita concertada. Puede solicitarla por WhatsApp, en el teléfono 682 73 19 79 o a través del formulario de contacto.

Derecho Mercantil y Societario

Inicio Derecho Mercantil y Societario La mayoría de los conflictos societarios que acaban en el juzgado podrían haberse evitado con dos folios bien redactados en el momento oportuno: un pacto de socios que previera la salida, unos estatutos que contemplaran el reparto desigual de dividendos, una cláusula de cambio de control en el contrato con el cliente principal. Nuestro trabajo abarca ambos momentos: redactar esos documentos cuando todavía hay margen y defender la posición del cliente cuando ese margen ya se agotó. Servicios destacados Constitución de sociedades y redacción de estatutos a medida, no de formulario. Pactos de socios: entrada y salida, mayorías reforzadas, arrastre y acompañamiento, no competencia. Juntas generales y consejos: convocatoria, actas, impugnación de acuerdos. Ampliaciones y reducciones de capital, incluida la compensación de créditos. Compraventa de empresas: due diligence, carta de intenciones, contrato de compraventa y garantías. Conflictos entre socios y ejercicio del derecho de separación. Responsabilidad de administradores y deberes de diligencia y lealtad. Contratación mercantil: distribución, agencia, suministro y prestación de servicios. Solicitar consulta Estatutos de formulario, conflictos a medida Constituir una sociedad resulta hoy sencillo y económico, y puede hacerse con estatutos tipo. La dificultad aparece años después: cuando un socio pretende salir, cuando procede repartir dividendos en proporción distinta a la participación, o cuando entra un inversor y nadie previó el régimen de mayorías. Es entonces cuando se advierte si alguien dedicó tiempo a redactar el documento pensando en esa sociedad concreta. Redactamos cada estatuto y cada pacto para el caso, con las cláusulas que esa compañía va a necesitar y sin aquellas que solo añaden extensión. Cuestiones que se nos plantean con mayor frecuencia Conflicto entre socios Constituye la patología más común en sociedades cerradas y de carácter familiar. Suele manifestarse en la ausencia de reparto de dividendos, en la retribución del órgano de administración, en el bloqueo sistemático de acuerdos o en operaciones societarias que diluyen al minoritario. El ordenamiento ofrece varios instrumentos: el derecho de información, la impugnación de acuerdos sociales, el derecho de separación por falta de distribución de dividendos y la acción social e individual de responsabilidad frente a los administradores. La elección del instrumento adecuado, y el orden en que se ejercitan, determina en buena medida el resultado. Pacto de socios Un pacto bien construido resuelve por anticipado lo que de otro modo terminará ante los tribunales: qué sucede si un socio desea transmitir, si fallece, si pasa a la competencia o si sencillamente deja de aportar trabajo. Debe tenerse presente que el pacto parasocial vincula a quienes lo suscriben pero no siempre resulta oponible a la sociedad: aquello que deba producir eficacia frente a terceros ha de incorporarse a los estatutos. Compraventa de empresas El precio lo fija el cliente; el riesgo lo gestiona quien dirige la operación. Una due diligence rigurosa debe revisar los contratos relevantes con clientes, proveedores y financiadores, identificar las contingencias fiscales, laborales y medioambientales, delimitar el perímetro efectivo de lo que se adquiere y traducir todo ello en declaraciones y garantías, retenciones de precio y mecanismos de ajuste posteriores al cierre. Cuando la due diligence se aborda como un trámite, el pasivo no identificado aflora meses después del cierre, y entonces el margen de reacción se reduce a lo que el contrato haya previsto. Secretaría societaria Asumimos la llevanza corporativa ordinaria de sociedades que carecen de departamento jurídico propio: libro de actas, convocatorias, formulación, aprobación y depósito de cuentas anuales, nombramientos y ceses, y comunicaciones al Registro Mercantil. Preguntas frecuentes Soy socio minoritario y la sociedad lleva años sin repartir dividendos La ley reconoce, concurriendo determinados requisitos, un derecho de separación cuando la sociedad no distribuye beneficios pese a obtenerlos. Es un mecanismo eficaz, sujeto a requisitos y plazos estrictos, por lo que conviene analizarlo antes de que la ventana temporal se cierre. ¿Puedo impugnar un acuerdo de la junta general? Sí, cuando resulte contrario a la ley o a los estatutos, o lesione el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros. Los plazos de caducidad son breves, de modo que ante un acuerdo perjudicial conviene actuar sin demora. ¿Hasta dónde alcanza la responsabilidad del administrador? Responde frente a la sociedad, los socios y los acreedores por los daños causados por actos contrarios a la ley o a los estatutos, así como por el incumplimiento de sus deberes de diligencia y lealtad. Su exposición se incrementa de forma notable cuando la sociedad entra en dificultades financieras y no se adoptan las medidas legalmente exigibles. ¿Tiene sentido un pacto de socios entre personas de confianza? Especialmente en ese caso. El pacto se suscribe precisamente cuando la relación es buena, porque después no existe acuerdo posible sobre nada. Concertar una consulta Estudiamos el asunto con la documentación a la vista y le trasladamos las alternativas disponibles, los plazos que maneja y el coste de cada vía antes de que adopte ninguna decisión. Si del análisis resulta que el procedimiento no le conviene, se lo diremos con la misma claridad. Atendemos en nuestras oficinas de Madrid, en el Paseo de la Castellana 153, y de Daimiel (Ciudad Real), en la calle Progreso 7, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, siempre previa cita concertada. Puede solicitarla por WhatsApp, en el teléfono 682 73 19 79 o a través del formulario de contacto.

Derecho de Familia y Sucesiones

Inicio Derecho de Familia y Sucesiones Las herencias y las crisis matrimoniales comparten un rasgo: pocas veces se discute únicamente por dinero. Detrás de una partición bloqueada suele haber un agravio antiguo, y detrás de un convenio imposible, una conversación que no se tuvo a tiempo. De ahí que en estas materias el rigor técnico, siendo imprescindible, no baste. Es preciso valorar cuándo conviene sentarse a negociar, cuándo procede interponer la demanda para desbloquear una situación estancada y cuándo el acuerdo que se ofrece resulta menos ventajoso que el procedimiento. Ese juicio no se obtiene de un formulario: exige conocer el expediente y a quienes intervienen en él. Servicios destacados Divorcios y separaciones, de mutuo acuerdo o contenciosos. Medidas sobre los hijos: custodia, régimen de visitas y patria potestad. Pensiones de alimentos y compensatoria, con su posterior modificación cuando cambian las circunstancias. Liquidación del régimen económico matrimonial y capitulaciones. Herencias: declaración de herederos, aceptación, partición y adjudicación. Testamentos y planificación sucesoria, incluida la empresa familiar. Impugnación de testamentos y defensa de la legítima. Herencias con conflicto entre coherederos o con bienes en varias provincias. Solicitar consulta Ningún expediente admite plantilla Una herencia entre tres hermanos que mantienen trato se resuelve en notaría en pocas semanas. Esa misma herencia, con uno de ellos ocupando la vivienda del causante desde hace una década, se convierte en un procedimiento judicial de años. El texto legal aplicable es idéntico; lo que varía es todo lo demás. Por eso examinamos la documentación concreta, atendemos a lo que realmente persigue cada parte y exponemos cuál es el escenario probable. El asunto lo dirige un abogado que lo conoce, no un expediente incorporado a una cadena de tramitación. Sucesiones Cuando existe acuerdo entre los herederos El cauce es ordenado: certificados de defunción y de actos de última voluntad, copia autorizada del testamento o, en su defecto, acta de declaración de herederos; inventario de bienes y deudas; cuaderno particional y escritura de adjudicación. Asumimos la tramitación completa, incluida la liquidación de los impuestos que gravan la sucesión. No conviene demorarlo. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones debe autoliquidarse en el plazo de seis meses desde el fallecimiento, prorrogable si se solicita dentro de los cinco primeros. Transcurrido ese plazo comienzan a devengarse recargos perfectamente evitables. Cuando un coheredero bloquea la partición Nadie está obligado a permanecer en la comunidad hereditaria. Si un coheredero se niega a otorgar la escritura, cabe promover la división judicial de la herencia, que concluye con un reparto vinculante para todos. En la práctica, la sola incoación del procedimiento reactiva con frecuencia una negociación detenida durante años. Cuando el reparto vulnera la legítima La legítima protege a los descendientes y, en la medida que le corresponde, al cónyuge viudo. Si el testamento la lesiona, o si en vida se efectuaron donaciones que dejaron a algún legitimario sin su porción, el ordenamiento prevé acciones para restablecer el equilibrio. Cabe asimismo impugnar el testamento por falta de capacidad del testador o por defectos en su otorgamiento, si bien conviene advertir que se trata de procedimientos exigentes en materia probatoria. Familia Divorcio Cuando existe acuerdo, el convenio regulador se tramita con rapidez y a un coste sensiblemente inferior. Nuestra recomendación es intentarlo siempre, incluso en situaciones de ruptura difícil, porque el ahorro en tiempo y en dinero es considerable. Ahora bien, un convenio deficiente firmado con premura produce efectos durante años, de modo que lo revisamos con detenimiento antes de su otorgamiento. Medidas sobre los hijos y pensiones La custodia compartida se ha consolidado como criterio preferente cuando las circunstancias lo permiten, si bien no opera de forma automática: se pondera la implicación previa de cada progenitor, la distancia entre domicilios y la capacidad de comunicación entre ambos. La pensión de alimentos se fija atendiendo a los ingresos de los progenitores y a las necesidades de los hijos, y es susceptible de modificación cuando esas circunstancias experimentan una alteración sustancial y duradera. Preguntas frecuentes ¿De cuánto tiempo dispongo para aceptar una herencia? No existe un plazo breve de caducidad para la aceptación, pero sí para la liquidación de los impuestos, y cualquier interesado puede requerir judicialmente al llamado para que se pronuncie. Mantener la situación indefinidamente abierta genera problemas: los bienes continúan devengando gastos y el caudal puede deteriorarse. ¿Puedo aceptar la herencia si el causante dejó deudas? Sí, mediante la aceptación a beneficio de inventario, que limita la responsabilidad del heredero a los bienes recibidos y preserva su patrimonio personal. Es una cautela que se omite con excesiva frecuencia y que después no admite remedio. Un coheredero ocupa la vivienda y no quiere abandonarla Es uno de los supuestos más habituales. Caben distintas vías según el título por el que entrara a poseer y el que ahora invoque. Lo primero es determinarlo con precisión, pues de ello depende el procedimiento aplicable. ¿Puede modificarse la pensión de alimentos? Sí, mediante el procedimiento de modificación de medidas, siempre que concurra una alteración sustancial y duradera de las circunstancias tenidas en cuenta al fijarla: pérdida de empleo, incremento relevante de ingresos o variación de las necesidades de los hijos. ¿Qué coste tiene? Facilitamos presupuesto cerrado en la primera consulta, con detalle de los costes de notaría, registro, procurador e impuestos que procedan. En las sucesiones sin conflicto el coste resulta muy inferior al de un procedimiento judicial, razón adicional para intentar el acuerdo. Concertar una consulta Estudiamos el asunto con la documentación a la vista y le trasladamos las alternativas disponibles, los plazos que maneja y el coste de cada vía antes de que adopte ninguna decisión. Si del análisis resulta que el procedimiento no le conviene, se lo diremos con la misma claridad. Atendemos en nuestras oficinas de Madrid, en el Paseo de la Castellana 153, y de Daimiel (Ciudad Real), en la calle Progreso 7, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, siempre previa cita concertada. Puede solicitarla por WhatsApp, en el teléfono 682 73 19 79 o a través del formulario de contacto.

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