Búsqueda de compradores y venta de inmuebles
Vender un inmueble es, antes que una operación comercial, una operación jurídica, y casi todos los problemas que aparecen en la notaría el día de la firma —o peor, meses después— estaban ya en el expediente cuando se puso el cartel. Una carga que nadie leyó, un arrendatario con derecho de adquisición preferente, una obra sin licencia que no consta inscrita, un comprador que firmó arras sin tener la financiación concedida: son incidencias previsibles, y lo que separa una venta limpia de un litigio posterior es haberlas visto a tiempo. Ese es el trabajo que hacemos.
Lo que se comprueba antes de poner el inmueble en el mercado
El punto de partida es siempre el Registro de la Propiedad. Se solicita nota simple informativa al amparo del artículo 222 de la Ley Hipotecaria y, cuando la operación avanza, certificación de dominio y cargas, porque solo esta última acredita con efectos la situación de la finca. De ahí se contrasta la titularidad real —que no siempre coincide con quien cree ser dueño, sobre todo en herencias no aceptadas o no inscritas, en gananciales mal liquidados o en indivisiones procedentes de separaciones antiguas—, la descripción literaria, la superficie y los linderos, y la correspondencia con la referencia catastral, cuya discordancia obliga en ocasiones a una rectificación previa que no se resuelve en una semana.
Junto a ello se revisa el estado posesorio y arrendaticio, que condiciona tanto el precio como la propia viabilidad de la venta. Si el inmueble está arrendado como vivienda, el arrendatario tiene derecho de tanteo y retracto conforme al artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, derecho renunciable en los términos que ese mismo precepto contempla, y la notificación fehaciente de las condiciones de la transmisión no es una formalidad: su omisión abre la puerta a un retracto posterior que deja la operación en el aire. En fincas rústicas de pequeña extensión hay que valorar además el retracto de colindantes del artículo 1523 del Código Civil, y en vivienda protegida, los derechos de adquisición preferente y los visados que la normativa autonómica reserve a la Administración.
Se completa con la documentación técnica y administrativa sin la cual el notario no autoriza o el comprador se retrae: certificado de eficiencia energética en los términos del Real Decreto 390/2021, licencia de primera ocupación o documento equivalente, informe de evaluación o inspección técnica del edificio donde la ordenanza lo exija, libro del edificio si existe, y situación urbanística de la finca, con atención particular a las obras ejecutadas sin licencia, a los inmuebles fuera de ordenación y a la posibilidad de regularizar ampliaciones mediante declaración de obra nueva por antigüedad conforme al artículo 28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Y, en propiedad horizontal, el certificado de estar al corriente en el pago de los gastos comunes que exige el artículo 9.1.e) de la Ley de Propiedad Horizontal, documento que el transmitente debe aportar salvo exoneración expresa del adquirente y que conviene pedir con tiempo, porque es donde afloran las derramas aprobadas y aún no giradas, que son deuda futura del comprador y motivo frecuente de renegociación de última hora.
La depuración de cargas, que es donde se gana o se pierde la operación
Una finca con cargas no es una finca invendible; es una finca que exige ingeniería jurídica. Con la hipoteca el trabajo consiste en separar dos planos que suelen confundirse: la deuda económica realmente pendiente, que se acredita con certificado de saldo emitido por la entidad y que rara vez coincide con la cifra inscrita, y la cancelación registral, que requiere escritura y su correspondiente despacho. Lo habitual es articular la operación de modo que el precio se distribuya en la propia notaría, con pago directo a la entidad acreedora del importe de cancelación y entrega al vendedor del remanente, dejando atada la obtención de la escritura de cancelación y su inscripción.
Con los embargos y las anotaciones preventivas el abanico es más amplio y la solución depende de quién sea el ejecutante y en qué fase esté el procedimiento: pago con el precio de la venta y mandamiento de cancelación, consignación en el juzgado, acuerdo transaccional con el acreedor, o retención de una parte del precio hasta el levantamiento efectivo. Conviene además revisar la fecha de las anotaciones, porque la de embargo caduca a los cuatro años conforme al artículo 86 de la Ley Hipotecaria si no se ha prorrogado, y no son pocas las fincas que arrastran en el Registro cargas ya caducadas cuya cancelación puede solicitarse sin pleito alguno. También hay que mirar lo que a veces se pasa por alto: condiciones resolutorias explícitas, que permiten al vendedor anterior resolver conforme al artículo 1504 del Código Civil; servidumbres y limitaciones de uso; afecciones fiscales por liquidaciones pendientes; y la afección real del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del artículo 64 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por la que el inmueble queda afecto al pago de las cuotas no prescritas, de manera que el comprador puede verse requerido por recibos que no son suyos.
El filtrado del comprador: solvencia antes que prisa
Aceptar una oferta de quien no puede pagarla es perder meses y, con frecuencia, perder también el mejor comprador, que ya se habrá ido a otra cosa. Por eso el cribado no es comercial sino de solvencia: se pide acreditación de la capacidad de pago, y si la compra se financia, pre-aprobación bancaria efectiva y no una simple conversación con el director de la oficina. Importa aquí el calendario que impone la Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, porque la entrega de la ficha europea de información normalizada y de la ficha de advertencias estandarizadas, y el acta notarial previa que debe otorgarse al menos diez días naturales antes de la firma, marcan un plazo mínimo que no se puede comprimir y que hay que reflejar en el contrato de arras.
En paralelo se anticipa lo que el notario exigirá en materia de prevención del blanqueo de capitales conforme a la Ley 10/2010 y de constancia de los medios de pago conforme al artículo 24 de la Ley del Notariado: identificación de los intervinientes y de los titulares reales cuando compra una sociedad, justificación del origen de los fondos y trazabilidad de cada transferencia. Resolver esto al principio evita el bloqueo del día de la firma, que es la forma más caótica de descubrir un problema.
Las arras, el documento que más conflictos genera
El contrato de arras decide la suerte de la operación y se firma, demasiadas veces, sobre un modelo descargado de internet. La jurisprudencia distingue las arras confirmatorias, que son simple anticipo y señal de perfección del contrato, las penales, que funcionan como cláusula penal frente al incumplimiento, y las penitenciales del artículo 1454 del Código Civil, que son las únicas que permiten desistir perdiéndolas o devolviéndolas dobladas. La calificación no es indiferente y, en caso de duda, los tribunales se inclinan por la naturaleza confirmatoria, de modo que quien creía poder marcharse pagando la señal puede encontrarse con una demanda de cumplimiento forzoso.
Un contrato de arras bien construido fija el precio y la forma de pago, el plazo para escriturar con fecha cierta, el estado de cargas y la obligación expresa de levantarlas antes del otorgamiento, la situación posesoria y el compromiso de entrega libre de ocupantes y de enseres, el reparto de gastos e impuestos, el régimen de suministros, las consecuencias del incumplimiento de cada parte y el fuero. Y, cuando el comprador financia, incorpora una condición suspensiva de obtención de financiación con plazo y con obligación de acreditar la denegación, porque sin esa cláusula el comprador al que el banco dice no pierde la señal pese a no haber hecho nada mal. Del lado del vendedor, la cautela simétrica consiste en no bloquear el inmueble indefinidamente a la espera de una hipoteca que no llega.
Gastos e impuestos: quién paga qué
El reparto por defecto es el del artículo 1455 del Código Civil —gastos de otorgamiento de escritura a cargo del vendedor y los de primera copia y posteriores a cargo del comprador—, pero se modifica casi siempre por pacto, y conviene que ese pacto sea explícito. Al vendedor le corresponden ordinariamente el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, cuyo sujeto pasivo es el transmitente y cuya regulación quedó reformada por el Real Decreto-ley 26/2021 tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, con la posibilidad de que no exista tributación cuando no hay incremento real de valor; los gastos de cancelación de la hipoteca; el certificado energético; y la tributación de la ganancia patrimonial en el Impuesto sobre la Renta, donde procede valorar si resultan aplicables la exención por reinversión en vivienda habitual o la prevista para transmitentes mayores de sesenta y cinco años.
Al comprador le corresponden el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en segundas y ulteriores transmisiones —con tipo fijado por cada comunidad autónoma— o el Impuesto sobre el Valor Añadido más Actos Jurídicos Documentados cuando se trata de primera entrega, además de notaría, registro y gestoría. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles del ejercicio corresponde a quien sea titular a uno de enero, sin perjuicio del prorrateo que las partes pacten, que es lo habitual y que debe quedar escrito. Nada de esto es accesorio: una estimación fiscal hecha al principio evita que el vendedor descubra su resultado neto real cuando ya no puede negociar el precio.
El cierre notarial
La firma se prepara, no se improvisa. Se elige notaría y se remite con antelación la documentación para que la minuta esté revisada antes de que las partes se sienten; se solicita nota de despacho o información registral del mismo día para confirmar que no ha entrado ninguna carga nueva; se cuadran los medios de pago con sus justificantes; se articulan las retenciones pactadas; y se ordenan la entrega de llaves, la lectura de contadores y el cambio de titularidad de los suministros. En las operaciones con cargas, el orden de los actos del día de la firma —pago a la entidad, cancelación, otorgamiento, presentación— se planifica por escrito, porque un pago hecho fuera de orden deja al comprador sin la garantía que creía tener.
Qué hacemos y qué no
No somos una agencia inmobiliaria y no nos ocupamos de la comercialización ni de la fotografía del activo. Lo que aportamos es la parte jurídica de la operación: el estudio registral y la depuración de cargas, la verificación de la solvencia del comprador y de la trazabilidad de los fondos, la redacción y negociación de las arras y del contrato de compraventa, la coordinación con la entidad financiera y con la notaría, la supervisión del cierre y de la inscripción, y el seguimiento fiscal de la operación. Cuando el vendedor necesita además comprador, trabajamos con los contactos profesionales del despacho y con los intermediarios que el propio cliente designe, pero sin asumir una función de mediación que no nos corresponde.
Y hay una parte del trabajo que consiste en decir que no. Si del estudio resulta que la finca no puede venderse limpia sin resolver antes una herencia, una discordancia de superficie o un embargo con un acreedor que no va a transigir, se dice antes de firmar nada, con el coste y el plazo que esa regularización previa supone, porque es mejor retrasar una venta tres meses que anularla con un pleito dos años después.
Qué conviene reunir para la primera consulta
Basta con lo que se tenga a mano: escritura de adquisición o título que acredite la propiedad, último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles con la referencia catastral, certificado de deuda de la hipoteca si existe, contrato de arrendamiento vigente, actas o certificado de la comunidad de propietarios, certificado de eficiencia energética, y cualquier documentación urbanística de obras realizadas. Con eso puede hacerse ya un diagnóstico de la situación registral y una estimación del coste fiscal de la venta. Atendemos en nuestras sedes de Daimiel (Ciudad Real) y Madrid mediante cita previa.
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