Repartir dividendos en proporción distinta al capital: el error que acaba en Sucesiones
Imaginemos una empresa familiar con cuatro socios: el padre tiene el quince por ciento, la madre el veinticinco, y dos hijas el veinticinco y el treinta y cinco respectivamente. En junta acuerdan repartir dividendos en una proporción distinta a su participación: un cuarenta por ciento para el padre y para la madre, y un diez por ciento para cada hija. La razón tiene su lógica: el padre lleva el negocio, fue durante años el único socio y ha ido cediendo participaciones como parte del relevo generacional. Es una situación muy habitual. Aquí es donde aparece el problema. Qué ocurre si solo se acuerda en junta Si ese reparto asimétrico se aprueba únicamente mediante acuerdo de junta, la parte que cada socio recibe por encima de su porcentaje de participación no tributa como dividendo: tributa como donación. No va al IRPF como rendimiento del capital mobiliario, sino al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Lo mismo sucede si el reparto está recogido solo en un pacto de socios o en un protocolo familiar. El pacto parasocial no es suficiente. La única vía correcta Para que todo tribute como dividendo, incluida la parte que excede la participación de cada socio, debe estar expresamente previsto en los estatutos sociales. Así lo exige el artículo 275 de la Ley de Sociedades de Capital, y así lo ha confirmado la Dirección General de Tributos. Tiene solución Es un error estructural francamente repetido, y la buena noticia es que se arregla: basta una modificación estatutaria que recoja esa previsión antes de que se produzca el reparto. Una vez repartido, el margen de corrección es mínimo. Asesoramos en este tipo de revisiones, tanto en la parte estatutaria como en la planificación del relevo generacional. Si su sociedad reparte o piensa repartir de forma desigual, conviene mirarlo antes de la próxima junta. La revisión estatutaria se trata en el área de derecho mercantil y societario.
Ampliación de capital por compensación de créditos: el Supremo protege al socio minoritario
El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de una ampliación de capital articulada mediante compensación de créditos, en un caso donde concurrían dos elementos: la sociedad tenía una necesidad real de capitalización, y la fórmula elegida reconocía deuda únicamente al socio mayoritario. Qué ocurrió El socio minoritario no podía concurrir a la ampliación aportando dinero, porque la operación estaba estructurada de forma que solo el mayoritario tenía créditos que compensar. Su participación quedó diluida sin que se le diera posibilidad real de mantener su porcentaje. El razonamiento del Supremo El tribunal no discute que existiera una necesidad de capitalización. Lo que concluye es que, habiendo otras fórmulas posibles que hubieran permitido al minoritario participar, elegir precisamente esa modalidad produce un efecto que el sistema societario no puede tolerar: la exclusión práctica del derecho de preferencia sin ofrecer ninguna alternativa. Por qué interesa más allá del caso En sociedades cerradas, y especialmente en empresas familiares con tensiones entre socios, las ampliaciones de capital son uno de los instrumentos que con más frecuencia se utilizan para alterar el equilibrio entre mayoría y minoría. No siempre de forma fraudulenta, pero sí a veces sin considerar suficientemente los derechos de quienes no controlan la gestión. Lo que el Supremo viene a decir, una vez más, es que la necesidad real de la sociedad no legitima automáticamente cualquier fórmula de ejecución. Si está en una situación parecida Tanto si es el socio que va a quedar diluido como si es quien dirige la sociedad y quiere que la operación no resulte impugnable, conviene revisar la estructura antes de convocar la junta. Después es bastante más caro. Esta clase de operaciones se aborda en el área de derecho mercantil y societario.
Europa rediseña el concurso de acreedores: qué cambia y desde cuándo
Europa ha rediseñado las reglas del concurso de acreedores. España dispone de un plazo amplio para adaptarse y, aunque pueda parecer lejano, las implicaciones para empresas, administradores y acreedores son inmediatas: las decisiones empresariales que afectan a estas materias se toman hoy. Qué materias se armonizan La norma europea busca reducir la inseguridad jurídica y mejorar el atractivo de la inversión transfronteriza. Actúa sobre varias materias con impacto directo en la gestión empresarial. Acciones rescisorias Se fija un plazo máximo de tres años desde la declaración del concurso para el ejercicio de las acciones de reintegración. Es una clarificación que nuestro ordenamiento todavía no tiene definida en esos términos. Rastreo de activos Los administradores concursales podrán acceder directamente al catastro, al registro de la propiedad, al registro mercantil y a los registros de bienes muebles. En la práctica, mucha menos opacidad patrimonial. Prepack concursal Primera regulación europea de la venta de empresa en funcionamiento antes de la apertura formal del concurso, con una fase de preparación confidencial. Para compañías viables con deuda insostenible, es la herramienta que permite salvar la actividad y el empleo. Responsabilidad de administradores Se regula expresamente el deber de solicitar la apertura del procedimiento, con impacto directo en la responsabilidad personal de quien administra. Comités de acreedores Se refuerzan sus derechos mínimos de información y participación. Qué conviene hacer ahora La transposición obligará a revisar aspectos clave del sistema concursal español. Mientras tanto, cualquier administrador de una sociedad con tensiones de tesorería debería tener presente que el deber de solicitar el concurso ya existe y que su incumplimiento tiene consecuencias personales. Si su empresa atraviesa una situación compleja, conviene hablar antes de que el problema escale. En materia concursal, el margen de maniobra se reduce cada mes que pasa. Los supuestos de insolvencia empresarial se tratan en el área de concurso de acreedores y reestructuración.
Exoneración concedida: 55.407,18 euros de deuda cancelada
Hemos recibido el auto por el que se concluye un concurso de acreedores y se concede la exoneración del pasivo insatisfecho por importe de 55.407,18 euros. Lo relevante no es la cifra Más allá del dato, lo que importa es el proceso: recopilación y ordenación de la documentación, análisis de viabilidad, elección de la vía de exoneración, estrategia concursal y ejecución técnica del expediente. En estos procedimientos los resultados no se construyen con promesas, sino con rigor. El expediente se tramitó como concurso sin masa; transcurrido el plazo legal sin que ningún acreedor formulara manifestación alguna, se solicitó la exoneración definitiva y, tras el traslado a las partes personadas, sin oposición, el juzgado resolvió. Qué exige un expediente de este tipo La ley establece dos vías: con sujeción a un plan de pagos sin previa liquidación, o con liquidación de la masa activa. Elegir la que corresponde no es un trámite, porque de esa decisión depende que el deudor conserve o no determinados bienes. A eso se suman los requisitos de buena fe, la verificación de que no concurre ninguna de las prohibiciones legales y el tratamiento específico de la deuda pública, que se exonera solo hasta los límites que fija la norma. Cada caso es distinto Compartimos este tipo de resoluciones porque ayudan a entender que la Segunda Oportunidad, bien planteada, es una vía real en determinados escenarios. No en todos: cada supuesto exige estudio individual y cumplimiento estricto de los requisitos, y no todos los expedientes son viables. Si quiere saber si el suyo lo es, pida cita. En la primera reunión revisamos su documentación y le decimos con franqueza qué opciones tiene. El contenido y los requisitos del procedimiento se explican en el área de Ley de Segunda Oportunidad y concurso de acreedores.
Derivaciones de responsabilidad y Segunda Oportunidad: el Supremo corrige el automatismo
Uno de los puntos más controvertidos en Ley de Segunda Oportunidad desde la reforma del texto refundido fue el régimen de buena fe y, en particular, las causas objetivas de exclusión del artículo 487. En la práctica, el apartado 1.2.º se convirtió en un cierre de puerta casi automático cuando el deudor tenía, en los diez años anteriores, alguno de estos antecedentes: una sanción muy grave, una sanción grave superior a cinco mil euros, o un acuerdo firme de derivación de responsabilidad, típicamente de la Agencia Tributaria o de la Tesorería General de la Seguridad Social. Lo que corrige el Tribunal Supremo La sentencia obliga a reordenar el enfoque: la exclusión no puede operar como automatismo por el mero hecho de existir una derivación o una sanción grave, si no se justifica una conexión material con la mala fe en términos relevantes. Dicho de otro modo, el análisis no puede quedarse en la etiqueta administrativa. Debe entrar en la causa y el fundamento del acto, en el grado de reprochabilidad de la conducta, en si resulta equiparable a un comportamiento fraudulento o doloso, y en si existe prueba firme que permita al juez controlar la proporcionalidad de la consecuencia. La idea de fondo es clara: resulta defendible la exclusión por infracción muy grave cuando tiene un anclaje sólido en un componente de fraude, pero es difícil sostener que cualquier derivación o sanción grave deba expulsar sin más al deudor del sistema de exoneración, cuando la finalidad de la ley es precisamente reinsertar al deudor honesto. Impacto práctico inmediato Muchos supuestos que se venían descartando en fase de filtro pasan a requerir un análisis jurídico más profundo del expediente, de la cronología y de la estrategia procesal. La viabilidad deja de depender de un sí o un no por derivación, y vuelve a depender de lo que pueda sostenerse con hechos y prueba. Eso otorga un peso mucho mayor al trabajo previo: Reconstrucción de los hechos. Documentación completa del expediente. Lectura crítica del expediente administrativo. Planteamiento procesal compatible con el control judicial de proporcionalidad. Si le dijeron que no podía Si está en un caso con derivación o sanciones y el diagnóstico fue que no podía acceder por el artículo 487, merece la pena revisarlo a la luz de esta doctrina. Traiga el expediente administrativo completo y lo estudiamos. Las vías disponibles se exponen en el área de Ley de Segunda Oportunidad y concurso de acreedores.
Cuando la vivienda vale menos que la hipoteca: el recálculo del crédito exonerable
Aparece con frecuencia en los procedimientos de Segunda Oportunidad: hay una hipoteca pendiente, el inmueble vale menos que la deuda, y la pregunta es qué ocurre con esa diferencia. Lo que dice la norma El artículo 489.1.8.º del texto refundido de la Ley Concursal establece que el crédito hipotecario solo es inexonerable hasta el límite del privilegio especial, es decir, hasta el valor real del bien que sirve de garantía. Lo que excede ese valor no está cubierto por ninguna garantía real: es crédito ordinario, y el crédito ordinario entra dentro de la exoneración. Dónde estaba el problema Hasta aquí la norma es relativamente clara. La dificultad estaba en cómo aplicarla en la práctica, sobre todo en los concursos sin masa, donde no hay liquidación formal. Las entidades financieras sostenían que los mecanismos de cálculo del privilegio especial no resultaban aplicables en ese escenario, y durante un tiempo algunos tribunales lo aceptaron. El criterio que se está consolidando La Audiencia Provincial de Almería ha resuelto la cuestión con un argumento sistemático: en ausencia de norma específica, los artículos 272 y siguientes se aplican por remisión. No como extensión forzada, sino porque es la lectura que permite que la norma funcione. Añade algo relevante: una interpretación contraria vaciaría de contenido el propio artículo 489. Reconocer la exoneración en el plano declarativo pero no en la cuota mensual no produce ningún efecto práctico. Esa resolución no llegó sola. Antes hubo autos del Juzgado Mercantil número 2 de Sevilla, del número 2 de Pamplona y del número 5 de Barcelona. La Audiencia de Almería recoge esa línea, la sistematiza y la consolida. El efecto económico para el deudor En expedientes donde el valor del inmueble está por debajo de la deuda pendiente hay argumentos sólidos para plantear el recálculo. El efecto puede ser muy significativo: no solo se eliminan las deudas sin garantía, sino que la hipoteca queda limitada al valor real del bien que la respalda. Es una cuestión técnica que exige tasación, análisis del pasivo y un planteamiento procesal cuidadoso. Si su caso encaja en este supuesto, tráiganos la escritura y la tasación y lo revisamos. La cuestión se desarrolla con más detalle en el área de reestructuración empresarial, insolvencias y Ley de Segunda Oportunidad.
¿Se pueden cancelar los créditos ICO con la Ley de Segunda Oportunidad?
Uno de los puntos que más preocupa a autónomos y pequeños empresarios cuando vienen a hablar de la Segunda Oportunidad es el tratamiento de los créditos ICO. La percepción habitual es que esas deudas son especiales, que gozan de algún tipo de protección que las deja fuera del alcance de la exoneración. La realidad es distinta. Qué ha resuelto el juzgado El Juzgado de lo Mercantil número 11 de Barcelona, en una resolución de septiembre de 2025, desestimó íntegramente las impugnaciones planteadas por la Agencia Tributaria, por una entidad financiera y por otra acreedora. Confirmó tres cuestiones con importancia práctica real. 1. Los créditos derivados de avales ICO son exonerables al cien por cien La disposición adicional octava de la Ley 16/2022 les atribuye la condición de crédito financiero a efectos del texto refundido de la Ley Concursal. Eso significa que no gozan de privilegio especial en la exoneración y pueden incluirse plenamente en el plan de pagos. 2. La clasificación concursal no determina el régimen de exoneración Que un crédito se clasifique de una determinada manera en el concurso no arrastra automáticamente su tratamiento a efectos de exoneración. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya lo había establecido, y el juzgado lo aplica de forma coherente. 3. El plan de pagos fue validado Con el único ajuste necesario respecto de un crédito no exonerable de la Diputación provincial. Qué significa esto en la práctica Para quienes tramitamos expedientes de persona física con este tipo de deudas, la resolución refuerza una posición que ya venía consolidándose: los créditos ICO no son un obstáculo para acceder a la Segunda Oportunidad. Son créditos financieros ordinarios que pueden exonerarse como cualquier otro. Conviene recordar, eso sí, que la deuda pública tiene su propio régimen: la que gestiona la Agencia Tributaria se exonera hasta un máximo de diez mil euros por deudor, íntegramente hasta los primeros cinco mil y al cincuenta por ciento a partir de esa cifra. La Seguridad Social sigue el mismo criterio y el mismo importe. Si tiene deuda ICO pendiente Cada expediente exige revisar la documentación concreta: el aval, la clasificación del crédito y el resto del pasivo. Pida cita y lo analizamos con sus papeles delante. El tratamiento completo de esta materia está recogido en el área de concurso de acreedores y Ley de Segunda Oportunidad.
Si la subasta no cubre la hipoteca, ¿sigo debiendo el resto?
Hay una situación que se repite en casi todas las consultas sobre Segunda Oportunidad: la persona tiene una hipoteca que ya no puede pagar, el banco ha iniciado la ejecución, y da por hecho que perder la vivienda será solo el primero de sus problemas. El segundo problema es seguir debiendo lo que quede después de la subasta. Ese sí tiene solución. Qué es el remanente y por qué aparece Cuando el inmueble se ejecuta y el precio de adjudicación no cubre la totalidad de la deuda, queda un resto sin pagar. Antes de la Ley de Segunda Oportunidad, ese remanente podía perseguir al deudor durante toda su vida laboral: cada nómina, cada devolución de Hacienda, cada cuenta bancaria quedaba expuesta. La exoneración del pasivo insatisfecho cambia ese escenario, porque permite que esa deuda residual quede cancelada. Un ejemplo con números Una persona tiene una hipoteca de 180.000 euros sobre una vivienda que en subasta se adjudica por 120.000. Quedan 60.000 euros sin cubrir. Con la Segunda Oportunidad, ese remanente puede exonerarse. Lo que dicen los tribunales La Audiencia Provincial de Zaragoza, en una resolución de junio de 2025, lo aplicó en un caso con ejecución hipotecaria en curso y más de veinte cuotas impagadas. El tribunal revocó la denegación de la exoneración, reconoció la buena fe de la deudora y dejó claro que el banco puede continuar con la ejecución, pero que la deudora queda liberada del exceso que resulte tras la subasta. El matiz que conviene tener claro La exoneración no paraliza la ejecución hipotecaria ni impide al banco quedarse con el inmueble. Lo que hace es garantizar que, concluida esa ejecución, no quede ninguna deuda residual condicionando el futuro del deudor. Dicho de otro modo: no sirve para conservar la casa por esa vía, sino para no arrastrar el agujero durante los siguientes veinte años. Si está en este punto Merece la pena analizarlo antes de asumir que no hay opciones. Cada expediente exige un estudio individual de la documentación y del cumplimiento de los requisitos legales, que no son pocos. En una primera cita revisamos su situación concreta y le decimos con franqueza qué recorrido tiene. Puede ver el alcance de nuestro trabajo en el área de concurso de acreedores y Ley de Segunda Oportunidad.
Compraventa de empresas, con o sin relevo generacional
Inicio ASESORAMIENTO Y GESTION DE COMPRAVENTA DE EMPRESAS (con o sin relevo generacional) Estrategia jurídica y sucesión ordenada Vender una empresa no es simplemente transferir acciones: es equilibrar valor, riesgos fiscales, estructura societaria, pactos, contingencias y expectativas. Cuando además hay relevo generacional, la complejidad asciende: equilibrio entre herederos, protección de socios minoritarios y continuidad del negocio. En Moreno Corporate Legal te asistimos desde la fase inicial: Due diligence legal y económico-fiscal: identificamos contingencias que puedan mermar el valor. Estrategia de estructuración de la operación: optimización fiscal y protección de pasivos. Negociación y pactos de compraventa: cláusulas de indemnización, garantías, earn-out… Formalización contractual y cierre notarial/registral. Planes de sucesión interna si hay relevo generacional: diseño de estructura societaria y equidad entre generaciones. Nos centramos en que la operación no solo tenga un buen precio, sino seguridad legal y continuidad. Porque vender mal puede generar conflictos internos, reclamaciones y pérdidas futuras. Principales retos resueltos: Minimización de riesgos fiscales y contingencias ocultas Protección de los accionistas frente a reclamaciones postventa Equilibrio entre generaciones y continuidad empresarial Seguridad jurídica del cierre Coordinación entre asesores (financieros, fiscales, notariales) Solicitar consulta MORENO CORPORATE LEGAL — Estrategia, rigor y confianza jurídica. Asesoramiento para empresas, autónomos y particulares. Contáctanos: 682 731 979 / morenocorporatelegal.es / info@morenocorporatelegal.es
El derecho de separación del socio minoritario
Inicio EL DERECHO DE SEPARACION DEL SOCIO MINORITARIO Equilibrio y protección en el reparto de dividendos El artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital reconoce un derecho esencial a los socios minoritarios: el de separarse de la sociedad y exigir el reembolso de sus participaciones al valor razonable, cuando no se reparten beneficios pese a que legalmente podrían distribuirse. ¿Cuándo puede ejercerse este derecho? Este derecho de separación se activa cuando concurren simultáneamente los siguientes requisitos: La sociedad ha obtenido beneficios legalmente distribuibles en el ejercicio anterior, siempre que se hayan obtenido beneficios en los tres ejercicios previos. La Junta General no aprueba el reparto de al menos un tercio de esos beneficios. El socio ha votado a favor del reparto en la Junta. La sociedad lleva inscrita en el Registro Mercantil al menos cinco años. El socio comunica su voluntad de separarse en el plazo de un mes desde la Junta. ¿Cuál es su finalidad? Evitar que los socios mayoritarios retengan los beneficios de forma indefinida, privando a los minoritarios de los rendimientos de su inversión. Este derecho introduce un contrapeso a la mayoría, protegiendo la función económica de la participación social. Pero… no está exento de complejidad práctica: Valoración de participaciones: El «valor razonable» puede dar lugar a discrepancias, y en caso de conflicto, se requerirá la designación de un experto independiente por el Registrador Mercantil. Impacto financiero: El reembolso puede afectar la liquidez y solvencia de la sociedad. Posible litigiosidad: Las disputas por la interpretación de requisitos o la cuantía de la liquidación son habituales. Conclusión Este derecho representa una vía efectiva de defensa para el socio minoritario, pero requiere una aplicación estratégica, bien fundamentada y asesorada. Administradores y socios deben conocer sus implicaciones, prever sus consecuencias y actuar con visión a medio y largo plazo. Solicitar consulta MORENO CORPORATE LEGAL — Estrategia, rigor y confianza jurídica. Asesoramiento para empresas, autónomos y particulares. Contáctanos: 682 731 979 / morenocorporatelegal.es / info@morenocorporatelegal.es