Condiciones suspensivas y resolutorias en las operaciones de M&A
Inicio CONDICIONES SUSPENSIVAS Y RESOLUTORIAS EN LAS OPERACIONES DE M&A Las obligaciones condicionales en las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) están reguladas por el artículo 1.114 del Código Civil, que establece lo siguiente: “En las obligaciones condicionales la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya la condición”. Este precepto distingue dos tipos de condiciones que pueden afectar un contrato: La condición suspensiva y la condición resolutoria, cuyos efectos son claramente diferentes. CONDICION RESOLUTORIA VS CONDICION SUSPENSIVA -Condición resolutoria: Su cumplimiento implica la ineficacia del contrato. Es decir, si se materializa la condición resolutoria, el contrato queda sin efecto. -Condición suspensiva: Su materialización determina el despliegue de todos los efectos del contrato. Es decir, el contrato sólo será plenamente eficaz una vez que se cumpla la condición suspensiva. APLICACION EN LAS COMPRAVENTAS DE EMPRESAS En la mayoría de las operaciones de compraventa de empresas, se estipula un lapso de tiempo entre la firma del contrato (denominada TIPOS COMUNES DE CONDICIONES SUSPENSIVAS -Regulatorias: Obtención de permisos de las autoridades de competencia, aprobación gubernamental para inversiones extranjeras en sectores estratégicos, autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), o la obtención de licencias y otras autorizaciones necesarias. -Financieras: Verificación de los fondos por parte del vendedor o la obtención de documentos financieros que evidencien la disponibilidad de dichos fondos. -Contratos Accesorios:Suscripción de contratos adicionales cuya vigencia al cierre determine la eficacia de la compraventa, como contratos de licencia de marcas o patentes. IMPORTANCIA DEL ASESORIAMIENTO JURIDICODada la amplia casuística de condiciones suspensivas en los contratos de compraventa de empresas, es esencial contar con un adecuado asesoramiento jurídico. Cada operación puede tener condiciones particulares que requieren un análisis y redacción precisa para asegurar el cumplimiento y eficacia del contrato. En conclusión, entender y gestionar correctamente las condiciones suspensivas y resolutorias en las operaciones de Solicitar consulta MORENO CORPORATE LEGAL — Estrategia, rigor y confianza jurídica. Asesoramiento para empresas, autónomos y particulares. Contáctanos: 682 731 979 / morenocorporatelegal.es / info@morenocorporatelegal.es
Procedimientos concursales y Ley de Segunda Oportunidad
Inicio PROCEDIMIENTOS CONCURSALES Y LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD Estrategia para superar la crisis Cuando una empresa o persona no puede hacer frente a sus deudas, el derecho concursal y la Ley de Segunda Oportunidad ofrecen alternativas legales que permiten reestructurar la deuda, negociar con acreedores o incluso cancelar obligaciones, si se cumplen ciertos requisitos. Pero no son procesos automáticos ni simples: requieren estrategia, conocimiento y precisión. Con Moreno Corporate Legal: Estudiamos la viabilidad de la solicitud concursal Elaboramos propuestas de convenio o liquidación Negociamos con acreedores y administradores concursales Tramitamos la exoneración de pasivos en el marco de la ley de segunda oportunidad Defendemos los intereses en todos los trámites judiciales y recursos Nuestro enfoque combina la protección del patrimonio con la máxima eficiencia procesal, buscando soluciones reales para salir adelante. Ventajas: Reducción ordenada de la deuda Oportunidad de reiniciar sin cargas impagables Apoyo legal en cada fase del procedimiento Evitación de continuas acciones judiciales paralelas Solicitar consulta MORENO CORPORATE LEGAL — Estrategia, rigor y confianza jurídica. Asesoramiento para empresas, autónomos y particulares. Contáctanos: 682 731 979 / morenocorporatelegal.es / info@morenocorporatelegal.es
Búsqueda de compradores y venta de inmuebles
Inicio Búsqueda de compradores y venta de inmuebles Venta inmobiliaria con respaldo legal completo Vender un inmueble es, antes que una operación comercial, una operación jurídica, y casi todos los problemas que aparecen en la notaría el día de la firma —o peor, meses después— estaban ya en el expediente cuando se puso el cartel. Una carga que nadie leyó, un arrendatario con derecho de adquisición preferente, una obra sin licencia que no consta inscrita, un comprador que firmó arras sin tener la financiación concedida: son incidencias previsibles, y lo que separa una venta limpia de un litigio posterior es haberlas visto a tiempo. Ese es el trabajo que hacemos. Lo que se comprueba antes de poner el inmueble en el mercado El punto de partida es siempre el Registro de la Propiedad. Se solicita nota simple informativa al amparo del artículo 222 de la Ley Hipotecaria y, cuando la operación avanza, certificación de dominio y cargas, porque solo esta última acredita con efectos la situación de la finca. De ahí se contrasta la titularidad real —que no siempre coincide con quien cree ser dueño, sobre todo en herencias no aceptadas o no inscritas, en gananciales mal liquidados o en indivisiones procedentes de separaciones antiguas—, la descripción literaria, la superficie y los linderos, y la correspondencia con la referencia catastral, cuya discordancia obliga en ocasiones a una rectificación previa que no se resuelve en una semana. Junto a ello se revisa el estado posesorio y arrendaticio, que condiciona tanto el precio como la propia viabilidad de la venta. Si el inmueble está arrendado como vivienda, el arrendatario tiene derecho de tanteo y retracto conforme al artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, derecho renunciable en los términos que ese mismo precepto contempla, y la notificación fehaciente de las condiciones de la transmisión no es una formalidad: su omisión abre la puerta a un retracto posterior que deja la operación en el aire. En fincas rústicas de pequeña extensión hay que valorar además el retracto de colindantes del artículo 1523 del Código Civil, y en vivienda protegida, los derechos de adquisición preferente y los visados que la normativa autonómica reserve a la Administración. Se completa con la documentación técnica y administrativa sin la cual el notario no autoriza o el comprador se retrae: certificado de eficiencia energética en los términos del Real Decreto 390/2021, licencia de primera ocupación o documento equivalente, informe de evaluación o inspección técnica del edificio donde la ordenanza lo exija, libro del edificio si existe, y situación urbanística de la finca, con atención particular a las obras ejecutadas sin licencia, a los inmuebles fuera de ordenación y a la posibilidad de regularizar ampliaciones mediante declaración de obra nueva por antigüedad conforme al artículo 28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Y, en propiedad horizontal, el certificado de estar al corriente en el pago de los gastos comunes que exige el artículo 9.1.e) de la Ley de Propiedad Horizontal, documento que el transmitente debe aportar salvo exoneración expresa del adquirente y que conviene pedir con tiempo, porque es donde afloran las derramas aprobadas y aún no giradas, que son deuda futura del comprador y motivo frecuente de renegociación de última hora. La depuración de cargas, que es donde se gana o se pierde la operación Una finca con cargas no es una finca invendible; es una finca que exige ingeniería jurídica. Con la hipoteca el trabajo consiste en separar dos planos que suelen confundirse: la deuda económica realmente pendiente, que se acredita con certificado de saldo emitido por la entidad y que rara vez coincide con la cifra inscrita, y la cancelación registral, que requiere escritura y su correspondiente despacho. Lo habitual es articular la operación de modo que el precio se distribuya en la propia notaría, con pago directo a la entidad acreedora del importe de cancelación y entrega al vendedor del remanente, dejando atada la obtención de la escritura de cancelación y su inscripción. Con los embargos y las anotaciones preventivas el abanico es más amplio y la solución depende de quién sea el ejecutante y en qué fase esté el procedimiento: pago con el precio de la venta y mandamiento de cancelación, consignación en el juzgado, acuerdo transaccional con el acreedor, o retención de una parte del precio hasta el levantamiento efectivo. Conviene además revisar la fecha de las anotaciones, porque la de embargo caduca a los cuatro años conforme al artículo 86 de la Ley Hipotecaria si no se ha prorrogado, y no son pocas las fincas que arrastran en el Registro cargas ya caducadas cuya cancelación puede solicitarse sin pleito alguno. También hay que mirar lo que a veces se pasa por alto: condiciones resolutorias explícitas, que permiten al vendedor anterior resolver conforme al artículo 1504 del Código Civil; servidumbres y limitaciones de uso; afecciones fiscales por liquidaciones pendientes; y la afección real del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del artículo 64 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por la que el inmueble queda afecto al pago de las cuotas no prescritas, de manera que el comprador puede verse requerido por recibos que no son suyos. El filtrado del comprador: solvencia antes que prisa Aceptar una oferta de quien no puede pagarla es perder meses y, con frecuencia, perder también el mejor comprador, que ya se habrá ido a otra cosa. Por eso el cribado no es comercial sino de solvencia: se pide acreditación de la capacidad de pago, y si la compra se financia, pre-aprobación bancaria efectiva y no una simple conversación con el director de la oficina. Importa aquí el calendario que impone la Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, porque la entrega de la ficha europea de información normalizada y de la ficha de advertencias estandarizadas, y el acta notarial previa que debe otorgarse al menos diez días naturales antes de la firma, marcan un plazo mínimo que no se puede comprimir y que hay que
Secretaría de sociedades mercantiles
Inicio SECRETARIA DE SOCIEDADES MERCANTILES Orden y cumplimiento empresarial La secretaría de sociedades es el pilar formal del buen gobierno empresarial: reuniones, actas, convocatorias, cumplimiento de deberes legales y registro de decisiones. Muchas empresas no cuentan con un equipo interno, y asumir esta función mal puede exponerlas a sanciones o impugnaciones. En Moreno Corporate Legal ofrecemos: Preparación legal de juntas de accionistas Elaboración de actas y acuerdos Inscripción de acuerdos en el Registro Mercantil Custodia de documentación societaria Verificación de requisitos estatutarios y legales Apoyo en procesos societarios especiales Confiar esta labor a expertos externos garantiza orden, seguridad y tranquilidad en la gestión societaria. Beneficios: Minimización de riesgos de nulidad o impugnación Transparencia interna y orden formal Cumplimiento normativo continuo Reducción de carga burocrática para la empresa Solicitar consulta MORENO CORPORATE LEGAL — Estrategia, rigor y confianza jurídica. Asesoramiento para empresas, autónomos y particulares. Contáctanos: 682 731 979 / morenocorporatelegal.es / info@morenocorporatelegal.es
Locked box frente a completion accounts: mecanismos de cierre
Inicio MECANISMOS DE CIERRE DE OPERACIONES CORPORATIVAS: LOCKED BOX VS COMPLETION ACCOUNTS En el contexto de las transacciones corporativas, un punto crucial, además de las discusiones sobre las manifestaciones y garantías, es la elección del mecanismo para fijar el precio de cierre de la transacción· Los dos mecanismos más comúnmente aceptados para este propósito son la metodología de “Completion Accounts” y la de “Locked Box”. En términos generales, el mercado europeo ha preferido mayoritariamente las operaciones con cierre mediante ajustes de precio o Completion Accounts, mientras que el Locked Box ha sido más común en el mercado norteamericano. No obstante, en los últimos años, esta última metodología ha ganado popularidad en Europa, especialmente en procesos competitivos con múltiples compradores. La principal diferencia entre ambos mecanismos radica en que el “Locked Box” establece un precio fijo no sujeto a ajustes, salvo contadas excepciones, mientras que la metodología de “Completion Accounts” fija un precio inicial que se revisa en el momento del cierre. LOCKED BOX El mecanismo de Locked Box implica que las partes acuerden un precio fijo mediante la firma del contrato de compraventa (SPA), sin ajustes en el momento del cierre. Este precio se basa en estados financieros previos, cerrados a la fecha Locked Box, que habrán sido revisados por el comprador. Desde la firma, los riesgos del negocio se transfieren, pero la valoración se hace con estados financieros anteriores. Para proteger al comprador frente a pérdidas de valor entre la fecha del Locked Box y la fecha de cierre, el SPA impone ciertas restricciones mediante el concepto de «leakage» (fuga de valor). Los leakages pueden incluir pagos de dividendos, ventas de activos por debajo del valor de mercado, entre otros, que reducirían el valor de la compañía. Las “permitted leakages” son excepciones acordadas previamente, como dividendos para el vendedor o retribuciones al vendedor hasta la fecha de cierre. Estas retribuciones pueden articularse mediante management fees o intereses sobre el equity value. COMPLETION ACCOUNTSEn el método de Completion Accounts, el SPA establece un precio inicial basado en estados financieros teóricos a la fecha de firma, pero el precio final se determina a partir de estados financieros reales a la fecha de cierre. El contrato suele detallar cómo se calcularán estos estados financieros, quién los preparará (normalmente el comprador) y los plazos para su preparación y revisión. Se incluyen ajustes por variaciones en la posición financiera neta y el capital de trabajo, y ocasionalmente por otras masas patrimoniales. Así, el precio inicial se ajusta según las diferencias entre estas magnitudes en los estados financieros de cierre y los utilizados a la firma del SPA. VENTAJAS Y DESVENTAJASCada metodología tiene sus ventajas e inconvenientes. La elección depende de la tipología del negocio, las necesidades de las partes y sus capacidades de negociación. El Locked Box es más atractivo para el vendedor por la certeza de un precio fijo y la menor complejidad del SPA. Sin embargo, requiere una due diligence exhaustiva de los estados financieros, no siendo recomendable si el comprador no puede realizarla adecuadamente. Por otro lado, el Completion Accounts es preferido por los compradores ya que permite ajustar el precio por posibles manipulaciones financieras posteriores a la firma del SPA. No obstante, implica una redacción más compleja del contrato y posibles desacuerdos sobre los cálculos de ajuste de precio. En resumen, la metodología adecuada dependerá de las circunstancias específicas de cada transacción y de las preferencias y necesidades de las partes involucradas. Solicitar consulta MORENO CORPORATE LEGAL — Estrategia, rigor y confianza jurídica. Asesoramiento para empresas, autónomos y particulares. Contáctanos: 682 731 979 / morenocorporatelegal.es / info@morenocorporatelegal.es
Errores frecuentes en los contratos de operación y mantenimiento (O&M)
Inicio LOS ERRORES MAS COMUNES EN CONTRATOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (O&M) Y COMO EVITARLOS. La gestión y el mantenimiento de instalaciones de energía renovable presentan numerosos desafíos. Para garantizar un funcionamiento óptimo, los propietarios de proyectos suelen contratar servicios de operación y mantenimiento (O&M). No obstante, aunque la contratación de profesionales de O&M puede mitigar muchos problemas, es fundamental evitar ciertos errores comunes al firmar un contrato de O&M. A continuación, se analizan los errores más frecuentes y cómo prevenirlos: Falta de cláusula de garantía de rendimientoUna cláusula de garantía de rendimiento es esencial para asegurar que la instalación de energía renovable opere a su máxima capacidad. Esta cláusula establece las compensaciones que el contratista debe proporcionar si la instalación no cumple con los requisitos de rendimiento acordados. No incluir esta cláusula puede poner en riesgo el rendimiento y la rentabilidad del proyecto. Falta de transparencia en la fijación de preciosEs crucial que el contrato detalle claramente cómo se calculan los precios. La falta de transparencia puede llevar a malentendidos y costos inesperados, afectando la rentabilidad del proyecto. Los aspectos a considerar incluyen el tipo de mantenimiento, la frecuencia de las visitas y el equipo necesario. Una descripción clara y detallada en el contrato evitará estos problemas. Obligaciones de mantenimiento poco claras El contrato de O&M debe especificar detalladamente todas las obligaciones del contratista. Las obligaciones de mantenimiento deben ser claras para que el propietario del proyecto entienda exactamente qué se espera del contratista. La falta de especificación puede generar malentendidos y disputas sobre las responsabilidades del contratista. Plazos de pago inciertosEs vital que el contrato establezca plazos de pago claros y justos para ambas partes. La ausencia de plazos de pago definidos puede causar retrasos que afecten la continuidad del mantenimiento y la calidad del servicio. Estipular plazos de pago específicos en el contrato previene estos inconvenientes. Consejos para evitar errores en la contratación de O&M en energía solar La contratación de servicios de operación y mantenimiento es crucial para asegurar el rendimiento óptimo y la vida útil de los activos de energía solar. Sin embargo, muchos desarrolladores y propietarios de activos cometen errores comunes al seleccionar a sus proveedores de servicios de O&M. A continuación, se discuten algunas de estas fallas y cómo evitarlas. Priorizar O&M a largo plazo Uno de los errores más comunes es no priorizar la O&M a largo plazo durante el ciclo de vida del activo. No subestimar o eliminar estos servicios para ahorrar dinero es fundamental. Las plantas solares sin un programa sólido de O&M pueden tener un desempeño inferior, resultando en costos operativos más altos y reparaciones recurrentes. Es esencial encontrar un proveedor que ofrezca el mejor valor sin aumentar el precio posteriormente a través de órdenes de cambio. La planificación de las operaciones y el mantenimiento desde el inicio del proyecto garantiza un mejor retorno de la inversión. No descuidar el mantenimiento preventivo y correctivoEs importante que los propietarios de activos se aseguren de que las tareas de O&M incluyan actividades específicas con requisitos de tiempo definidos. Algunos proveedores pueden utilizar lenguaje vago, proporcionando solo monitoreo del sistema. Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el lavado del sistema y la reparación de problemas, ayuda a obtener el máximo valor de la inversión en un sistema solar. Comprender los costes ocultosEs crucial comprender completamente los costes involucrados en la operación y el mantenimiento del sitio. La gestión de la vegetación, el mantenimiento correctivo y la limpieza de módulos pueden representar hasta un 40-45 % de los costos totales de operación y mantenimiento Mantener el control sobre los movimientos de tierras El movimiento de tierras o recorrido de camiones es una actividad común en el negocio de O&M. Sin embargo, algunos proveedores basan sus modelos de ingresos en la cantidad de desplazamientos de camiones, lo que puede resultar en costes innecesarios para los clientes. Por ello, es fundamental tener en cuenta los posibles errores de subcontratistas sin experiencia. Conclusión Para evitar errores comunes al seleccionar proveedores de servicios de O&M, es esencial priorizar la O&M a largo plazo, comprender los costes ocultos y asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo. Así, los propietarios de proyectos pueden garantizar que sus activos de energía solar funcionen de manera eficiente y sostenible a lo largo del tiempo. Solicitar consulta MORENO CORPORATE LEGAL — Estrategia, rigor y confianza jurídica. Asesoramiento para empresas, autónomos y particulares. Contáctanos: 682 731 979 / morenocorporatelegal.es / info@morenocorporatelegal.es
Indemnización por negligencias médicas
Inicio Indemnización por negligencias médicas Tu derecho a reclamar por negligencias médicas que afectan a tu salud o a la de los tuyos Cuando una actuación sanitaria causa un daño que el paciente no tenía el deber jurídico de soportar, nace un derecho de resarcimiento que el ordenamiento español articula por vías distintas según dónde se haya prestado la asistencia, y esa primera bifurcación condiciona todo lo demás: el plazo, el procedimiento, el órgano competente y hasta la estrategia probatoria. Antes de reclamar conviene entender el terreno, porque estos expedientes se ganan o se pierden mucho antes de la vista. Cuándo hay responsabilidad y cuándo solo hay mal resultado Empezamos por donde empieza el análisis en el despacho, que es lo que separa un asunto viable de otro que únicamente generará gasto: la obligación del profesional sanitario es de medios y no de resultado, de manera que un desenlace adverso no genera por sí solo derecho a indemnización. Lo que se enjuicia no es el resultado sino la conducta, medida conforme a la lex artis ad hoc, esto es, el estándar de corrección exigible a un profesional de esa especialidad, con los medios de que disponía, ante ese paciente concreto y en aquellas circunstancias. La excepción son los supuestos de medicina satisfactiva o voluntaria —cirugía estética, odontología reconstructiva, vasectomía—, donde la jurisprudencia aproxima la prestación a una obligación de resultado y eleva notablemente el deber de información previa. A ese juicio sobre la conducta hay que sumar dos elementos sin los cuales la reclamación no prospera: el daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, y el nexo causal entre aquella conducta y este daño. La causalidad es, con diferencia, el punto donde más expedientes se caen, porque la enfermedad de base suele ofrecer una explicación alternativa al resultado y corresponde a quien reclama acreditar que el perjuicio proviene de la actuación sanitaria y no de la evolución natural del proceso. Sanidad pública y sanidad privada: dos caminos que no se parecen Si la asistencia se prestó en el sistema público, la reclamación es de responsabilidad patrimonial de la Administración y se rige por los artículos 32 a 35 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, con la tramitación de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Se trata de un régimen objetivo, lo que no significa automático: no hace falta probar culpa individual, pero sí que el daño sea antijurídico, es decir, que el paciente no tuviera el deber de soportarlo, y ahí vuelve a entrar la lex artis como criterio de antijuridicidad. El procedimiento arranca con una reclamación en vía administrativa dirigida al servicio de salud correspondiente, que dispone de seis meses para resolver; transcurridos sin respuesta, el silencio es desestimatorio y queda expedita la vía contencioso-administrativa. Si la asistencia fue privada, la reclamación es civil y se funda en el incumplimiento contractual del artículo 1101 del Código Civil o en la responsabilidad extracontractual del artículo 1902, según cómo se articulase la relación con el centro y con el facultativo. En este escenario resulta determinante el artículo 76 de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro, que concede al perjudicado acción directa contra la aseguradora del profesional o del centro, lo que en la práctica permite demandar a quien efectivamente va a pagar y abre antes la puerta a una negociación seria. Existe además una tercera posibilidad que conviene valorar con prudencia: la vía penal por imprudencia profesional. Es la menos recomendable como estrategia de resarcimiento, por la exigencia de un reproche de gravedad que rara vez concurre en estos asuntos y por el riesgo de que el archivo contamine la percepción del caso, pero puede tener sentido cuando los hechos revisten entidad suficiente o cuando se necesita el impulso instructor para acceder a documentación que de otro modo no se obtendría. Los plazos, que es donde se pierden los asuntos En responsabilidad patrimonial de la Administración el plazo es de un año, y el artículo 67.1 de la Ley 39/2015 lo fija de forma precisa: empieza a contar desde que se produjo el hecho o desde la curación, y en caso de daños de carácter físico o psíquico, desde la determinación del alcance de las secuelas. Esta precisión es mucho más que un matiz técnico, porque permite reclamar tiempo después de la intervención siempre que la estabilización lesional se haya fijado más tarde, y es la razón por la que un informe de alta o una resolución de incapacidad pueden reabrir un expediente que parecía caducado. En la vía civil el plazo depende de la calificación de la acción: un año para la extracontractual del artículo 1968.2 del Código Civil y cinco años para la contractual, conforme al artículo 1964.2 tras la reforma de 2015. La frontera entre ambas no siempre es nítida y la elección no es indiferente, de modo que la calificación debe decidirse al estudiar el expediente y no cuando el plazo aprieta. La historia clínica y la prueba pericial Ninguna reclamación sanitaria se sostiene sin dos piezas. La primera es la historia clínica completa, cuyo derecho de acceso reconoce el artículo 18 de la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente; debe solicitarse íntegra y cuanto antes, incluyendo pruebas de imagen, hojas de evolución, consentimientos firmados y protocolos del servicio, porque una historia incompleta o contradictoria no solo dificulta el análisis sino que, cuando la laguna es imputable al centro, puede jugar a favor del paciente en el reparto de la carga probatoria. La segunda es el informe pericial médico de un especialista en la misma rama. Es la pieza que convierte un relato de insatisfacción en una tesis jurídica: debe pronunciarse sobre si la actuación se ajustó a la lex artis, sobre la existencia de nexo causal y sobre la valoración del daño. Conviene saber que su coste es significativo y que se anticipa, razón por la que en el despacho nunca encargamos pericial sin haber hecho antes un juicio de viabilidad sobre la documentación disponible. Si del
División de la cosa común y extinción del condominio
Inicio DIVISION DE LA COSA COMUN / EXTINCION DEL CONDOMINIO Cuando una propiedad compartida (por herencia, comunidad familiar o inversión conjunta) debe dividirse, nace el derecho de división de la cosa común. La extinción de condominio exige definir partes, compensaciones y procedimientos judiciales o extrajudiciales. Nuestro proceso abarca: Evaluación patrimonial de los bienes comunes Propuesta de partición equitativa Negociación entre copropietarios Procedimiento notarial o judicial (cuando no hay acuerdo) Tratamiento fiscal de compensaciones Inscripción registral de nuevas titularidades Buscamos primero el acuerdo; si no es posible, actuamos judicialmente para salvaguardar tus derechos. Por qué contar con asesoramiento profesional Evitas pretensiones abusivas de la otra parte Garantizas que la división sea legal y correcta Proteges tu parte frente a litigios futuros Obtienes una solución definitiva con seguridad registral Solicitar consulta MORENO CORPORATE LEGAL — Estrategia, rigor y confianza jurídica. Asesoramiento para empresas, autónomos y particulares. Contáctanos: 682 731 979 / morenocorporatelegal.es / info@morenocorporatelegal.es
Arrendamientos: claves para propietarios e inquilinos
Inicio ARRENDAMIENTOS Defensa, contratos y recuperaciones Los contratos de arrendamiento conllevan derechos y obligaciones para ambas partes (arrendador e inquilino). Los conflictos más comunes incluyen impagos, desahucios, incumplimientos, depósito y cláusulas abusivas. En Moreno Corporate Legal ofrecemos: Redacción y revisión de contratos seguros y equilibrados Defensa ante impagos y reclamaciones Procedimientos de desahucio Defensa de inquilinos frente a cláusulas abusivas Reclamación de fianzas mal retenidas Como abogados, trabajamos tanto del lado del propietario para recuperar la posesión y las rentas impagas, como del lado del inquilino para evitar abusos o desalojos injustificados. Principales retos jurídicos: Plazos procesales en desahucios Requisitos formales para acciones válidas Normativa de arrendamientos vigente Pruebas documentales y notificaciones correctas Solicitar consulta MORENO CORPORATE LEGAL — Estrategia, rigor y confianza jurídica. Asesoramiento para empresas, autónomos y particulares. Contáctanos: 682 731 979 / morenocorporatelegal.es / info@morenocorporatelegal.es