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Indemnización por negligencias médicas

Tu derecho a reclamar por negligencias médicas que afectan a tu salud o a la de los tuyos

Cuando una actuación sanitaria causa un daño que el paciente no tenía el deber jurídico de soportar, nace un derecho de resarcimiento que el ordenamiento español articula por vías distintas según dónde se haya prestado la asistencia, y esa primera bifurcación condiciona todo lo demás: el plazo, el procedimiento, el órgano competente y hasta la estrategia probatoria. Antes de reclamar conviene entender el terreno, porque estos expedientes se ganan o se pierden mucho antes de la vista.

Cuándo hay responsabilidad y cuándo solo hay mal resultado

Empezamos por donde empieza el análisis en el despacho, que es lo que separa un asunto viable de otro que únicamente generará gasto: la obligación del profesional sanitario es de medios y no de resultado, de manera que un desenlace adverso no genera por sí solo derecho a indemnización. Lo que se enjuicia no es el resultado sino la conducta, medida conforme a la lex artis ad hoc, esto es, el estándar de corrección exigible a un profesional de esa especialidad, con los medios de que disponía, ante ese paciente concreto y en aquellas circunstancias. La excepción son los supuestos de medicina satisfactiva o voluntaria —cirugía estética, odontología reconstructiva, vasectomía—, donde la jurisprudencia aproxima la prestación a una obligación de resultado y eleva notablemente el deber de información previa.

A ese juicio sobre la conducta hay que sumar dos elementos sin los cuales la reclamación no prospera: el daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, y el nexo causal entre aquella conducta y este daño. La causalidad es, con diferencia, el punto donde más expedientes se caen, porque la enfermedad de base suele ofrecer una explicación alternativa al resultado y corresponde a quien reclama acreditar que el perjuicio proviene de la actuación sanitaria y no de la evolución natural del proceso.

Sanidad pública y sanidad privada: dos caminos que no se parecen

Si la asistencia se prestó en el sistema público, la reclamación es de responsabilidad patrimonial de la Administración y se rige por los artículos 32 a 35 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, con la tramitación de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Se trata de un régimen objetivo, lo que no significa automático: no hace falta probar culpa individual, pero sí que el daño sea antijurídico, es decir, que el paciente no tuviera el deber de soportarlo, y ahí vuelve a entrar la lex artis como criterio de antijuridicidad. El procedimiento arranca con una reclamación en vía administrativa dirigida al servicio de salud correspondiente, que dispone de seis meses para resolver; transcurridos sin respuesta, el silencio es desestimatorio y queda expedita la vía contencioso-administrativa.

Si la asistencia fue privada, la reclamación es civil y se funda en el incumplimiento contractual del artículo 1101 del Código Civil o en la responsabilidad extracontractual del artículo 1902, según cómo se articulase la relación con el centro y con el facultativo. En este escenario resulta determinante el artículo 76 de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro, que concede al perjudicado acción directa contra la aseguradora del profesional o del centro, lo que en la práctica permite demandar a quien efectivamente va a pagar y abre antes la puerta a una negociación seria.

Existe además una tercera posibilidad que conviene valorar con prudencia: la vía penal por imprudencia profesional. Es la menos recomendable como estrategia de resarcimiento, por la exigencia de un reproche de gravedad que rara vez concurre en estos asuntos y por el riesgo de que el archivo contamine la percepción del caso, pero puede tener sentido cuando los hechos revisten entidad suficiente o cuando se necesita el impulso instructor para acceder a documentación que de otro modo no se obtendría.

Los plazos, que es donde se pierden los asuntos

En responsabilidad patrimonial de la Administración el plazo es de un año, y el artículo 67.1 de la Ley 39/2015 lo fija de forma precisa: empieza a contar desde que se produjo el hecho o desde la curación, y en caso de daños de carácter físico o psíquico, desde la determinación del alcance de las secuelas. Esta precisión es mucho más que un matiz técnico, porque permite reclamar tiempo después de la intervención siempre que la estabilización lesional se haya fijado más tarde, y es la razón por la que un informe de alta o una resolución de incapacidad pueden reabrir un expediente que parecía caducado.

En la vía civil el plazo depende de la calificación de la acción: un año para la extracontractual del artículo 1968.2 del Código Civil y cinco años para la contractual, conforme al artículo 1964.2 tras la reforma de 2015. La frontera entre ambas no siempre es nítida y la elección no es indiferente, de modo que la calificación debe decidirse al estudiar el expediente y no cuando el plazo aprieta.

La historia clínica y la prueba pericial

Ninguna reclamación sanitaria se sostiene sin dos piezas. La primera es la historia clínica completa, cuyo derecho de acceso reconoce el artículo 18 de la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente; debe solicitarse íntegra y cuanto antes, incluyendo pruebas de imagen, hojas de evolución, consentimientos firmados y protocolos del servicio, porque una historia incompleta o contradictoria no solo dificulta el análisis sino que, cuando la laguna es imputable al centro, puede jugar a favor del paciente en el reparto de la carga probatoria.

La segunda es el informe pericial médico de un especialista en la misma rama. Es la pieza que convierte un relato de insatisfacción en una tesis jurídica: debe pronunciarse sobre si la actuación se ajustó a la lex artis, sobre la existencia de nexo causal y sobre la valoración del daño. Conviene saber que su coste es significativo y que se anticipa, razón por la que en el despacho nunca encargamos pericial sin haber hecho antes un juicio de viabilidad sobre la documentación disponible. Si del estudio previo resulta que el caso no se sostiene, se dice, y se evita al cliente un gasto que no iba a recuperar.

Sobre la carga de la prueba rige el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con dos correctivos relevantes: el principio de facilidad probatoria, que desplaza hacia el centro sanitario la acreditación de aquello que solo él está en condiciones de documentar, y la doctrina del daño desproporcionado, aplicable cuando el resultado es de tal modo anómalo respecto de lo esperable en esa intervención que reclama del profesional una explicación que, de no darse, favorece la posición del paciente.

El consentimiento informado como daño autónomo

Merece apartado propio porque es la vía por la que prosperan asuntos en los que la actuación médica fue técnicamente correcta. Los artículos 8 y 10 de la Ley 41/2002 exigen que el paciente reciba, antes de consentir, información sobre las consecuencias relevantes de la intervención, sus riesgos personalizados, los riesgos probables en condiciones normales y las alternativas disponibles. La ausencia de ese consentimiento, o su prestación mediante un formulario genérico que no informa de nada, priva al paciente de la facultad de decidir sobre su propio cuerpo y genera un daño moral indemnizable con independencia de que la técnica se ejecutara impecablemente. Es un terreno donde la documentación lo decide casi todo.

Cómo se cuantifica la indemnización

No existe un baremo propio de la responsabilidad sanitaria, de modo que los tribunales acuden de forma orientativa al sistema de valoración del daño corporal de la Ley 35/2015, pensado para accidentes de circulación. Se indemnizan el perjuicio personal básico y particular, el perjuicio patrimonial —gasto sanitario futuro, prótesis, adecuación de vivienda y vehículo, ayuda de tercera persona— y el lucro cesante, además del daño moral de los allegados en los supuestos más graves. La aplicación es orientativa y no automática, lo que deja margen de argumentación en ambos sentidos y hace que la cifra final dependa en buena medida de cómo se construya el informe pericial y de la solidez con que se acrediten los conceptos patrimoniales.

Cómo trabajamos estos expedientes

Empezamos por reunir y leer la historia clínica completa y por fijar con precisión la fecha de estabilización de las secuelas, que es la que manda sobre el plazo. Con eso hacemos un juicio de viabilidad y lo trasladamos con franqueza: si el asunto no tiene recorrido, se dice antes de que el cliente haya gastado un euro en pericial. Si lo tiene, se encarga el informe al especialista que corresponda, se cuantifica el daño y se plantea primero la reclamación extrajudicial o administrativa, que en no pocos casos abre una negociación con la aseguradora en condiciones razonables. Solo si esa vía se agota se acude al juzgado, y entonces el cliente sabe de antemano qué coste tiene el procedimiento, qué plazos maneja y qué expectativa real existe.

El asunto lo dirige un abogado identificable, con nombre y número de colegiación, que es con quien el cliente habla desde la primera reunión hasta el final. No garantizamos resultados, porque en responsabilidad sanitaria no puede garantizarlos nadie con honestidad: lo que ofrecemos es criterio para decidir si merece la pena reclamar y trabajo riguroso si se decide hacerlo.

Qué conviene traer a la primera consulta

Basta con lo que se tenga a mano para empezar a orientar el caso: informes de alta hospitalaria y de urgencias, consentimientos informados firmados, pruebas de imagen y sus informes, partes de baja y de alta laboral y, si existe, cualquier resolución administrativa sobre incapacidad. Si no se dispone de la historia clínica, la solicitamos nosotros en nombre del paciente. La primera consulta sirve precisamente para eso, para saber si hay caso, y se atiende en nuestras sedes de Daimiel (Ciudad Real) y Madrid mediante cita previa.

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